El gobierno en los últimos años ha recortado para Atención a la Dependencia hasta 2.000 millones, de acuerdo con los datos del último Observatorio Estatal para la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
De acuerdo con este informe, según los datos publicados por el Ministerio en octubre de 2015, el SAAD muestra un saldo negativo desde el Real Decreto de julio de 2012: 1.124.529 beneficiarios menos, 39.334 dictámenes menos, 36.333 solicitudes menos, y 64.211 Grandes Dependientes menos. Ello evidencia que desde el año 2012 se produjo una parálisis del Sistema y un colapso que ha hecho que el incremento de personas dependientes, personas con derecho a atención y personas atendidas prácticamente se den en la medida en que se producen bajas.
Señala este informe también que los aspectos positivos como puede ser la reducción de la lista de espera son engañosos totalmente, pues hay más de 100.000 personas han fallecido sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido y que por tanto ya no están contabilizadas en esta lista.
El informe indica que el SAAD finaliza la legislatura con 1.178.483 personas que tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,5% de la población), 105.197 personas menos valoradas como dependientes con respecto a 2012. El número de personas atendidas se ha mantenido en los últimos tres años en torno a los 779.373 beneficiarios actuales, lo que supone que hay 1.163 personas menos que reciben prestaciones o servicios con respecto a julio de 2012.
Con estas cifras, se ve que el SAAD no es capaz de atender a 400.000 personas con derecho reconocido, un 34% de sus potenciales beneficiarios. Además, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia que la aplicación del nuevo baremo supone que en estos momentos haya 64.211 grandes dependientes menos, 16.794 severos menos y 24.200 moderados menos, mientras aumenta hasta los 65.871 el número personas valoradas que no obtiene grado (21,5%).
También se denuncia en este informe la total falta de transparencia del gobierno. A fecha de hoy, cuando finaliza la legislatura (diciembre de 2015), y después de 9 años de desarrollo del SAAD, aún no se ha implantado un sistema de información. Ni siquiera se ha publicado oficialmente la evaluación 2014 (debería haberse publicado ya en BOE) y no se ofrecen los datos reales de gestión económica (aportación de las CCAA a través de certificado de gasto) o los datos de bajas en el sistema (solo se publican las altas). En la información que ofrece el Ministerio a través del IMSERSO sobre el SAAD, hay más manipulación que transparencia.
Las propuestas de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales es de manera urgente derogar el Real Decreto‐Ley 20/2012, de 13 de julio, que no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas. Los datos oficiales indican, sin lugar a dudas, que de la paralización del Sistema se está pasando a su involución y como segunda medida reponer el nivel acordado y el 13% del nivel mínimo de financiación, en función del coste real de los servicios prestados o de las prestaciones concedidas, en un 50% a cargo de la Administración General del Estado y el 50% restante a cargo de las Comunidades Autónomas.
Señalan que es imprescindible un pacto de Estado que garantice la atención a la dependencia y la sostenibilidad del SAAD, que debe contemplar, al menos:
- Replantear el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- Eliminar el “Limbo de la Dependencia” y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la Ley.
- Incentivar los recursos profesionales de la Ley y evitar el Sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidador no profesional.
- Garantizar que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006 se lleven a cabo mediante tramitación, debate y en su caso aprobación en el Parlamento, renunciando a la utilización de la vía del Real Decreto
- Apuesta por los servicios de proximidad de la “Ley de dependencia”, que produzcan empleo y retornos económicos. Simplificando el procedimiento para la concesión de las
- prestaciones y servicios.
- La coordinación de servicios sanitarios y sociales debe establecerse sobre la base de un marco de derechos garantizados en ambas materias, como un avance y una mejora de la protección social y de los derechos de ciudadanía.
Mas información: Informe para descarga.
